La Corte Suprema limita las injunciones judiciales nacionales, de modo que solo afectan a los demandantes específicos que interponen la demanda.
El fallo 6-3 a favor de la administración Trump impide a los tribunales federales bloquear órdenes presidenciales de forma nacional, sin decidir la constitucionalidad de anular la ciudadanía por nacimiento.
La opinión mayoritaria fue escrita por la jueza conservadora Amy Coney Barrett, mientras que las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor disintieron advirtiendo sobre la amenaza al estado de derecho y a personas que no han demandado.
Grupos de defensa de inmigrantes recalibran su estrategia legal, presentando demandas colectivas para proteger a todos los niños nacidos en EE.UU. ante posibles aplicaciones selectivas de la orden ejecutiva.
La orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento no podrá entrar en vigor hasta pasados 30 días y sigue sin resolverse su validez legal.
Organizaciones como la ACLU califican la medida de ilegal y cruel, y varios fiscales generales demócratas mantienen que la ciudadanía por nacimiento sigue vigente.
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