La propuesta de presupuesto 2026 del gobierno busca cerrar la Junta de Seguridad Química de EE.UU. (CSB) para octubre de 2026 alegando responsabilidad fiscal y duplicación con EPA y OSHA.
La CSB, activa desde 1998, investiga causas raíz de accidentes químicos industriales y emite recomendaciones de seguridad sin autoridad regulatoria.
A pesar de contar con sólo tres miembros confirmados, la CSB ha investigado más de 170 incidentes y emitido más de 1.000 recomendaciones que generaron mejoras en diversas industrias.
El cierre de la CSB podría debilitar la supervisión federal de la seguridad química, aumentar riesgos ambientales y de salud pública, y obstaculizar la justicia ambiental en comunidades cercanas a plantas industriales.
La medida enfrenta oposición bipartidista en el Congreso y preocupaciones de asociaciones industriales, que valoran el papel único, coste-efectivo y perfil independiente de la CSB.
La CSB emplea análisis forenses, entrevistas, pruebas de laboratorio e investigaciones de causa raíz para prevenir futuros desastres y mejorar protocolos de seguridad.
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