El proyecto de ley del Senado exige vender entre 2 y 3 millones de acres de tierras públicas por estado, sumando más de 250 millones de acres.
Se incluyen reservas de la BLM y el Servicio Forestal en 11 estados con exenciones muy limitadas.
Áreas críticas como zonas de estudio silvestre, hábitats esenciales y zonas sin caminos serían elegibles para venta.
El mismo proyecto obliga ventas de arrendamientos petrolíferos en el Refugio Ártico, construcción de una carretera minera y duplica la tala en bosques nacionales.
Esto crea un precedente peligroso que permite liquidar tierras públicas para financiar proyectos políticos.
Se insta a los ciudadanos a contactar a sus senadores y oponerse al proyecto de reconciliación.
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