La población carcelaria de EE.UU. cayó de 1,6 millones en 2009 a 1,2 millones en 2023 y podría llegar a 600 000 (−60%) en la próxima década.
La demora entre la reducción del crimen (iniciada en los 90) y la disminución de reclusos se explica por la duración de las condenas y la reincidencia.
El colapso de arrestos juveniles en el siglo XXI ha reducido el flujo de nuevos presos, de modo que las generaciones mayores no se reemplazan por igual.
La pandemia de COVID-19 aceleró la desincarcelación con liberaciones masivas, y el repunte delictivo de 2020 resultó ser solo un pico temporal.
Se aconseja dejar de construir nuevas prisiones, cerrar instalaciones infrautilizadas y crear comisiones de clausura que faciliten el cierre y la reconversión económica.
La liberación compasiva de presos ancianos, que presentan casi nula reincidencia, debe convertirse en práctica habitual.
Reducir la población penitenciaria permitirá destinar mayores recursos a educación y otros servicios públicos.
El declive sostenido beneficiará a comunidades afectadas por la criminalidad y a los contribuyentes que financian el sistema.
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